16 Oct
Tras cuatro años de batalla legal, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica a favor de un colegiado respaldado por el Servicio de Asistencia Jurídica de ingenierosVA, en el que se reconoce su derecho a impartir docencia en centros privados. El fallo pone fin al litigio y sienta un precedente para otros profesionales en situación similar.
Origen del conflicto
Como ha explicado en una entrevista en COPE Valladolid el responsable jurídico del Colegio, Sergio Carreño, los hechos se remontan a 2021, cuando un colegiado solicitó a la Junta de Castilla y León la convalidación de competencias docentes para impartir varias asignaturas en un centro educativo privado. La administración aprobó parte de sus peticiones, pero denegó su autorización para impartir otras asignaturas.
Ante esa denegación parcial, el Servicio Jurídico de ingenierosVA decidió recurrir. La primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió una sentencia desfavorable, alineada con la administración provincial, en este caso la Dirección Provincial de Educación de Soria. Pese a esta nueva negativa, ingenierosVA decidió continuar el litigio mediante recurso de casación.
El caso planteaba dos cuestiones fundamentales, tal y como ha explicado Sergio Carreño en COPE. En primer lugar, si una titulación catalogada como MECES 2 puede equipararse, a efectos docentes, con un grado universitario; y, en segundo lugar, si un ingeniero técnico industrial tiene derecho a impartir todas las asignaturas correspondientes a su formación sin limitaciones impuestas por la administración.
Al cabo de cuatro años, el Tribunal Supremo acaba de resolver favorablemente para nuestro colegiado, al estimar sus argumentos y autorizarle para impartir la docencia reclamada. Esta decisión supone un doble triunfo: además del interesado, se beneficiará toda la comunidad de ingenieros técnicos industriales que aspiraban a impartir materias dentro de su competencia.
Un precedente jurídico relevante
La sentencia tiene gran trascendencia para la profesión. Con ella, el Tribunal Supremo reconoce que los ingenieros técnicos industriales pueden ostentar competencias docentes cuando sus asignaturas estén vinculadas con su especialidad formativa.
Según Sergio Carreño, “a partir de ahora vamos a tener una seguridad jurídica durante un importante espacio de tiempo para que este tipo de solicitudes sean atendidas tanto en la administración como ante los juzgados y tribunales”. Dicho de otra forma, esta decisión firme abre un horizonte de mayor seguridad jurídica para colegiados que hayan visto obstáculos administrativos en el ejercicio de sus competencias docentes.
Ventajas para los colegiados
El responsable de los servicios jurídicos de ingenierosVA ha subrayado además la garantía que supone la colegiación: “Obtener una sentencia estimatoria del Supremo no ocurre todos los días. En el Colegio ya hemos logrado fallos favorables en otros ámbitos, lo que demuestra que merece la pena colegiarse simplemente por este respaldo legal que tienen los colegiados para el ejercicio y desarrollo de su profesión”.
Este caso de éxito vuelve a poner en valor la labor del Servicio de Asistencia Jurídica de ingenierosVA. Nuestro colegiado ha recuperado el derecho a impartir la docencia que le fue denegada, y miles de compañeros obtienen una garantía reforzada para ejercer con dignidad y seguridad.
